03.02.2012

Un alto riesgo para las empresas

José María Bové Socio de HLB Bové Montero y Asociados


Con la perspectiva que proporciona el año transcurrido desde que entró en vigor la Ley Orgánica 5/2010, es conveniente hablar de una de las principales novedades que introdujo, esto es, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y es que por primera vez el Código Penal prevé la imposición de penas a las personas jurídicas.

Tal y como se indica en el nuevo apartado 7 del artículo 33, las penas que se pueden imponer a las empresas consisten en multas, clausura temporal, prohibición de contratación, inhabilitación, intervención judicial y hasta la disolución.

Se abre una doble vía de responsabilidad penal, tanto para los representantes legales y administradores de hecho o de derecho y las personas jurídicas; a partir de ahora, pues, la responsabilidad de la persona jurídica es independiente de la responsabilidad penal de la persona física. Las personas jurídicas serán también penalmente responsables de los delitos cometidos por sus empleados o trabajadores por no haberse ejercido sobre ellos el debido control, según las concretas circunstancias del caso.

La dureza de la regulación es obvia al no contemplarse causas de inculpabilidad o eximentes. Sí que se consideran en cambio un conjunto de circunstancias atenuantes, entre ellas, haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse. La ley tipifica hasta 23 delitos distintos.

Las empresas deberán revisar sus circuitos de control interno para determinar si están diseñados para evitar los delitos de naturaleza penal – económica, algo propio de la actividad de auditoría de cuentas; no es baladí que la segunda norma de auditoría de cuentas textualmente diga que “deberá efectuarse un estudio y evaluación adecuada del control interno como base fiable para la determinación del alcance, naturaleza y momento de realización de las pruebas a las que deberán concretarse los procedimientos de auditoría”.

Ahora el enfoque de la descripción, revisión y evaluación del control interno, como el propio derecho de auditoría indica, está enfocado a analizar el funcionamiento de los controles de tipo contable o de tipo administrativo. Habrá pues que añadir ahora un nuevo enfoque dirigido a implantar controles de salvaguarda de los delitos penales en los que, eventualmente, pudiera incurrir la persona jurídica.

La descripción, revisión y evaluación de los circuitos de control interno de carácter penal deberán ser llevados a buen fin por un equipo mixto de abogados especializados en derecho penal-económico y auditores de cuentas que velarán por las buenas prácticas empresariales.

A los riesgos inherentes a la actividad empresarial se suman ahora los de naturaleza penal que hemos comentado. Subyace en el fondo por parte del legislador una constante en materia regulatoria para mejorar la transparencia, la competitividad y la ética de las empresas, persiguiendo por vía penal conductas infractoras. Bienvenidas estas medidas si con ello conseguimos un mundo mejor para nosotros y para las generaciones futuras.


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