19.11.2011

Impuesto sobre el patrimonio, ¿Cosa de todos?

Susana Arroyo Departamento jurídico tributario de Bové Montero y Asociados


El 18 de septiembre de 2011 entró en vigor el Real decreto ley 13/2011 por el que se reestablece el  impuesto sobre el patrimonio. La recuperación del impuesto está claramente motivada por la necesidad de garantizar un ingreso adicional en los dos próximos años (2012 y 2013, en los que se recaudará el impuesto), ante la actual situación económica y presupuestaria del Estado. Se trata de una medida temporal que solamente afectará a los periodos impositivos 2011 y 2012, dado que se prevé la aplicación de una bonificación del 100% sobre la cuota íntegra del impuesto con efectos desde el 1 de enero de 2013, técnica que ya fue utilizada el año 2008 con motivo de la aprobación de la supresión del gravamen del impuesto.

 

Si bien la normativa aplicable se recoge en la vigente Ley 19/1991, de 6 de junio, del impuesto sobre el patrimonio, el real decreto ley aprobado recientemente introduce algunas novedades que se deben tener en cuenta. En primer lugar, se eleva la exención por vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 euros (hasta ahora fijada en 150.253,03 euros).

 

A quien si que será aplicable el mínimo exento establecido por el gobierno español es a los no residentes en el Estado español que tributen por obligación real.

 

También se eleva el importe del mínimo exento a 700.000 euros (hasta ahora fijado en 108.182,18 euros). Este mínimo será aplicable siempre que la comunidad autónoma no haya establecido otro distinto. Como novedad, este mínimo también se aplicará a los contribuyentes por obligación real de contribuir, es decir, a los no residentes en España que tengan que tributar por este impuesto, los cuales con anterioridad a esta reforma no podían beneficiarse.

 

En tercer lugar, debemos decir que están obligados a declarar únicamente los contribuyentes cuya cuota tributaria resulte a ingresar, o bien cuando no produciéndose esta circunstancia, el valor de sus bienes o derechos no sea superior a 2.000.000 de euros (anteriormente, 601.012,10 euros).

 

Esto no obstante, se deberá tener en cuenta la residencia habitual de cada contribuyente para determinar con precisión el impacto fiscal que las novedades introducidas por el Real decreto ley 13/2011 suponen para él, porque nos encontramos ante un impuesto cedido a las comunidades autónomas. De acuerdo con la Ley22/2009, de 18 de diciembre, éstas tienen competencias normativas en los siguientes aspectos del impuesto mínimo exento, tipo de gravamen y deducciones y bonificaciones de la cuota. En lo referente a estas últimas, las que sean aprobadas por la comunidad autónoma serán compatibles con las estatales y se aplicaran con posterioridad.

 

Esto implica que aquellas comunidades autónomas que hayan hecho uso de sus competencias para regular alguno de los citados aspectos del impuesto aplicaran su propia normativa y no la establecida con carácter estatal. En el caso de Catalunya, baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura y Galicia, que fijaron sus propios mínimos exentos situándolos entre los 108.000 y los 150.000 euros, ahora o modifican sus leyes o los 700.000 euros fijados por el gobierno español no serán de aplicación en sus territorios.

A quien si que será aplicable el mínimo exento establecido por el gobierno español es a los no residentes en España que tributen por obligación real.

 

Otro ejemplo pero en sentido contrario es el caso de Madrid, donde se estableció una bonificación del 100% del impuesto después de que el gobierno español anulara en 2008 el gravamen del impuesto. Esta medida que en su momento resultó extraña porque no tenía un efecto práctico, implica ahora que Madrid no recaudará nada por este impuesto si no modifica su normativa.

 

Los ejemplos citados determinan que quede en entredicho la justificación que el gobierno del Estado atribuye a la recuperación del impuesto sobre el patrimonio “que aquellos que más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis presupuestaria”, ya que mientras muchos contribuyentes con patrimonios medios residentes en Catalunya soportarán este impuesto, otros contribuyentes con grandes patrimonios no pagarán nada.

 

¿Dónde está la equidad en la contribución de las cargas del Estado? Deberemos estar atentos al uso que hagan las comunidades autónomas de su capacidad normativa en el actual escenario de recuperación de este impuesto.

 

Se deberá tener en cuenta la residencia habitual de cada contribuyente para determinar con precisión el impacto fiscal, con las novedades introducidas por el Real decreto ley 13/2011