09.03.2016

Idas y venidas

José María Bové


Hace unos años tuve el honor de participar, en nombre del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, en el SME Task Force, un grupo de trabajo del European Financial Reporting Advisory Group que asesoraba a la Comisión Europea en la introducción de las Normas Internacionales de Contabilidad para las empresas europeas no cotizadas.

 

Los miembros del grupo concluimos que los problemas de considerar eternos a los fondos de comercio –esto es, sin la obligación de someterlos a una amortización periódica derivaban en bombas de efecto retardado en los balances empresariales, toda vez que este criterio otorgaba a las empresas un mecanismo discrecional para proporcionar más o menos resultados, a tenor de si se deterioraba o no dicho activo intangible. Las discrecionalidades en el Derecho Contable son siempre perniciosas.

 

La contabilización de los activos intangibles ha sido siempre un tema de debate. Si en el Plan General Contable (PGC) de 1990 se establecía que el fondo de comercio debía amortizarse de modo sistemático (con un límite temporal máximo de 10 años), la situación cambió de forma radical en 2007 con la publicación de un nuevo plan contable. En el mismo se modificaron las reglas de juego y se sentenció que el fondo de comercio no tiene vida definida, sino que pervive en el tiempo. Por consiguiente, en el nuevo PGC se estableció que el fondo de comercio no se debía amortizar.

 

Donde dije digo, digo Diego y así, de un plumazo, el fondo de comercio temporal – recordémoslo una vez más, sometido a amortización- devino en algo casi eterno. De la noche a la mañana, se clasificó a este activo intangible como de vida útil indefinida. La falta de consistencia del legislador –y la consiguiente inseguridad jurídica – resulta evidente.

 

Por fortuna, las disposiciones finales de la Ley22/2015, de Auditoría de Cuentas, con efecto para el año en curso, incluyen una cuarta modificación que indica que “los activos intangibles son activos de vida útil definida. Cuando la vida útil no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en el plazo de diez años”.

 

A menudo el devenir de los hechos motiva que decisiones tomadas fuera de la lógica que debe impregnar cualquier norma contable -¡craso error!- se conviertan en obsoletas y nocivas para el buen funcionamiento de la información financiera. Pero también suele ocurrir que las normas se adaptan al entorno económico al que han de servir y, con cierto retraso, a veces hasta corrigen sus propios errores.

 

Presidente de Bové Montero y Asociados


Ficheros:
BOVE_EXPANSION_090316.pdf1.0 M