14.06.2016

Escollo a las inversiones

Belén Fernández Ulloa. Abogada y asesora fiscal de Bové Montero y Asociados


Los contribuyentes no residentes en territorio español están obligados, en determinados casos, a designar una persona física o jurídica con residencia en España para que les represente ante la Administración Tributaria.

Esta misma obligación se da para las personas o entidades residentes en países o territorios con los que no exista un intercambio efectivo de información tributaria, que sean titulares de bienes situados en España, o de derechos que se cumplan o ejerciten en territorio español, excluidos los valores negociados en mercados secundarios oficiales.

En el caso de un establecimiento permanente –esto es, un lugar fijo o sucursal en España, desde donde se realiza una actividad económica que aporta rentas a una persona o entidad no residente-, se consideran representantes del mismo a quienes figuren como tales en el Registro Mercantil o, en su defecto, quienes figuren facultados para contratar en su nombre.

Es importante señalar que los representantes de los no residentes responden solidariamente del ingreso de las deudas tributarias del contribuyente inversor no residente. Esta circunstancia constituye un importante escollo para las inversiones.

En infinidad de ocasiones, las compañías no residentes con interés de invertir en España, abandonan la idea de invertir como consecuencia de no encontrar ningún residente en territorio español dispuesto a asumir el mismo nivel de responsabilidad tributaria que el contribuyente no residente titular de la inversión.

Para que se hagan una idea, una obra o construcción de duración superior a 12 meses constituye un establecimiento permanente, lo que obliga a nombrar un representante fiscal residente en España que responderá con todo su patrimonio ante una eventual inspección tributaria.

Sin ningún género de dudas, se trata de una situación totalmente incomprensible, toda vez que desincentiva de forma evidente la tan necesaria llegada de inversiones extranjeras.

Si tenemos en cuenta la multitud de convenios internacionales suscritos por España en materia tributaria y su pertenencia a la Unión Europea –recuerden: ¡Un espacio de libre circulación de capitales!-, el hecho de convertir a un representante (en la mayoría de ocasiones, una persona física empleada por cuenta ajena en la obra ejecutada en España) de un no residente en responsable de las deudas tributarias de una compañía no residente, es una demostración más de la acusada tendencia de la Administración a trasladar al ciudadano obligaciones que no le competen ni le son propias.

 


Ficheros:
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