18.02.2016

El nombre y la cosa

José María Bové


Si convenimos que de la iniciativa privada depende en buena medida el progreso económico y aceptamos que todo lo que conlleve incremento de ocupación y creación de puestos de trabajo es positivo, no podemos menos que aplaudir a quienes optan por constituirse en dueños de su devenir profesional.

 

Establecida la premisa, apliquemos el matiz. Para ello, pensemos en la dicotomía emprendedor-empresario. La divergencia semántica de ambos términos no es tanto deudora del grado de experiencia de quien impulsa un proyecto empresarial propio o de su edad biológica como de la asunción de determinados valores –lo han adivinado: esfuerzo, constancia y compromiso-, en combinación con una mentalidad de largo plazo y ajena a la especulación. Situados en estas coordenadas, parece razonable defender todo aquello que va en detrimento de una concepción empresarial oportunista que a veces se manifiesta en forma de proyecto poco definido y hasta mutante según las circunstancias y conveniencias de cada momento. Una concepción que incluso puede aprovechar ciertas distorsiones provocadas por una suerte de paternalismo en forma de subvenciones e incentivos públicos para superar con holgura las primeras fases del negocio y, para luego, hacer la competencia – desleal, a nuestro modo de ver – a proyectos empresariales consolidados que no se han podido beneficiar de ventajas financieras o fiscales análogas.

 

En los últimos tiempos ha gravitado alrededor del concepto de emprendedor una masa ingente de partículas – en forma de opinión pública y publicada – que han acabado por adherirse al debate político y han sesgado el desarrollo legislativo en nuestro país. ¿Vivimos una nueva burbuja, como tantas otras acaecidas desde los tiempos de los tulipanes cultivados en los Países Bajos? El tiempo lo dirá.

 

Mientras, la contraparte de esta encarnación cuasi mistificada en la que hemos convertido al emprendedor, esto es, la figura del empresario, quizá no ha recibido toda la atención que debiera el legislador atendiendo a su evidente y loable función económica y social. Echamos en falta una verdadera estrategia de país para determinar qué sectores económicos pueden contribuir a conseguir un modelo productivo competitivo. Y ante veleidades mistificadoras, cabe señalar que el nombre –quizá- no hace la cosa.