13.07.2015

El Gobierno ha desoído al sector con la Ley de Auditoría

José María Bové, socio fundador y presidente de Bové Montero y Asociados


La nueva Ley de Auditoría de Cuentas se aprobó el pasado jueves en el Senado, con 148 votos a favor (del grupo popular) y con 77 en contra.

Tal y como preveía el sector, el Gobierno no dio su brazo a torcer y no se introdujo nuevas enmiendas al articulado. La única concesión fue el lanzamiento de un Real Decreto por el que se quiere acotar la definición de Entidades de Interés Público (EIP), es decir, aquellas empresas que estarían “súper controladas” con la nueva reforma. Sin embargo, el sector sigue cada vez más descontento con la tramitación de esta reforma, en la que apenas han podido participar. En este contexto, el socio fundador y presidente de Bové Montero y Asociados –una firma mediana de servicios profesionales con más de 35 años de vida-, José María Bové, da su punto de vista a el Economista sobre los puntos más polémicos de esta reforma y los aspectos que, con su larga y fructífera trayectoria profesional, necesitan ser modificados antes de que la norma entre en vigor (es decir, en junio de 2016). Bové, además, es vicepresidente del Colegio de Censores Jurados de Catalunya (CCJC).

 ¿Cómo valora la reforma de la Ley de Auditoría de Cuentas?

Últimamente vemos muchas noticias en los medios de comunicación y, desgraciadamente, no cuentan lo que esperábamos de esta reforma. Se ha hecho con mucha rapidez, ha desoído al sector. Además se ha perdido una importante oportunidad que era la de implantar bien la coauditoría en España para abrir realmente en mercado. En Francia, el límite está en 24, ¿por qué en España nos hemos quedado a medias? (La reforma da la posibilidad de permanecer diez años con el mismo auditor que puede prorrogarse otros cuatro en el caso de la coauditoría)

Hubiese sido una medida muy interesante para abrir realmente el mercado y el sector, que está muy concentrado.

Una de las principales demandas del sector era reducir el número de Entidades de Interés Público (EIP) y el Gobierno ha hecho una concesión lanzando el Real Decreto, ¿qué opina usted al respecto?

Es una pena, al igual que con otros artículos de la ley, no haber seguido a Europa. Tal y como estaba configurada antes, era una medida excesiva. En mi opinión estrictamente personal, reducir el número de EIP de 8.000 a 1.800, implica que no van a tener la obligación de rotar a los 10 años de auditor de cuentas y esto no favorece a abrir el mercado a empresas de tamaño medio y pequeño; por lo que se está perdiendo seguramente un buen mecanismo para paliar uno de los grandes objetivos de la reforma: evitar la concentración del sector. Desde mi punto de vista, los requisitos que impone el auditar entidades de interés público, en materia de documentación, inspecciones, etc., son totalmente irrelevantes cuando se comparan con las oportunidades profesionales que se ofrecen a un despacho de tamaño mediano o pequeño, con voluntad, vocación e interés de jugar en esta liga, tanto más cuando estamos hablando de entidades bien organizadas y que en muchos casos su actividad se realiza en el territorio del estado español.

La cuantía de las sanciones que impone la reforma de la ley en la actualidad podría suponer el cierre de una firma pequeña de auditoría. ¿Cómo lo ve usted siendo presidente de una firma mediana?

Las sanciones son importantes para todos, nos duelen a todo el mundo. Por un lado con la publicación en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y por otro la cuantía económica. No obstante, los auditores también tenemos que estar dispuestos a afrontar lo que exige el Gobierno, aunque nos parezca excesivo.

¿Cómo será la adaptación de su firma a la nueva ley?

Yo creo que será más fácil para las firmas pequeñas y medianas. En concreto, nuestra firma tiene fama de adaptarse muy bien a la s novedades contables que surgen.

¿Lograrán más clientes?

Aún es pronto para hablar, pero opino que sí. Además, se va a valorar más la auditoría, se va a darle la importancia que se merece. Creo que la auditoría en sí va a salir beneficiada.

¿Era necesario reformar la Ley de Auditoría de Cuentas?

Bruselas pensó que era necesario tras los escándalos financieros de los últimos tiempos. Vivimos en una época de mejora continua de las leyes. Vamos a ver qué tal funciona. De todas formas, si no se adecua a lo que se esperaba, se podrá cambiar después. Las reformas nunca acaban.

¿Qué opina sobre la lista de servicios prohibidos?

Me parece una solución correcta. Ahora se refuerza el papel del auditor, vamos a darle mayor importancia a la auditoría y a los servicios distintos que se pueden prestar.

Creo que se beneficiará a la profesión y abrirá el abanico a otras firmas que no sean las cuatro grandes (Deloitte, PwC, KPMG y EY).