29.08.2016

Contabilidad y corrupción

José María Bové Montero, Presidente de HLB Bové Montero y Asociados


La Federación Europea de Expertos Contables analiza cómo los gobiernos europeos y el sector público preparan la información financiera en “La contabilidad según el principio del devengo: un paso clave hacia unas mejores finanzas públicas”.

El principio del devengo es el pilar que soporta la veracidad de la información financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad o IFRS lo consideran una garantía de transparencia en la información pública. Sin su aplicación, la información financiera de las empresas sería un caos, lo que acarrearía el incumplimiento de las obligaciones impositivas vinculadas al Impuesto sobre Sociedades.

Algo impensable en el sector privado es norma en el sector público español, donde rige el principio de caja. En este modelo los ingresos se reconocen en el periodo en el que se reciben y los gastos se contabilizan en el ejercicio en el que se pagan efectivamente (se reconocen gastos o ingresos sólo cuando el dinero cambia de mano). Un ayuntamiento que encargue un servicio en septiembre y cuya factura llegue en octubre, puede dejar la factura ‘en un cajón’ para encajarla en el presupuesto del siguiente ejercicio, sin que el cierre presupuestario refleje el gasto realizado.

En el sector privado, no contabilizar un compromiso de pago por un servicio realizado en un ejercicio y traspasarlo al siguiente es un error imperdonable. Una excepción atribuible a un despiste o a un cúmulo de errores debidos a un sistema de control interno deficiente.

Pero en la esfera pública española, la praxis es otra. ¿Con qué consecuencias? Sin ir más lejos, en el debate televisivo entre los candidatos de los principales partidos en las últimas elecciones generales, Mariano Rajoy le espetó a Pedro Sánchez que cuando el PP alcanzó el poder tras la etapa de gobierno socialista, descubrió un déficit de 30.000 millones de euros en las cuentas públicas. Y las hemerotecas van llenas de déficit adicionales detectados por inspectores de la UE o facturas no contabilizadas en el sector sanitario para traspasar los gastos de un año.

Estos hechos no están tipificados en el Código Penal vigente, pero sí podrían estarlo si la manipulación contable se detectase en los estados financieros de una empresa, según reza su artículo 290.

La laxitud contable en el sector público deriva en un marco libre y relajado que permite excesos y abusos bajo el amparo de la impunidad. Además, la función pública ofrece ejemplos de corrupción y de errónea utilización de los caudales públicos.

Sin establecer un nexo de causa efecto, creemos que la adopción en la contabilidad pública del principio del devengo ayudaría a los gobiernos en la toma de decisiones sostenibles a largo plazo y erradicaría malas prácticas.